La Comisión de Vivienda de la Cámara recomendó la aprobación del Proyecto de la Cámara 359 sin enmiendas, a pesar de que se sugirieron varios cambios a los incentivos.

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El Proyecto de la Cámara 359, que propone una serie de enmiendas a los incentivos para vivienda asequible en los cascos urbanos (Ley 182-2024), podría aprobarse en los próximos días en la Cámara, ya que recibió un informe positivo y se encuentra ante la Comisión cameral de Calendarios, ente que decide qué se llevará a votación en las sesiones. 

La Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Cámara evaluó el proyecto analizando las opiniones y sugerencias de diversas agencias y entidades. Para este proyecto no hubo vistas públicas.

Entre las organizaciones que sugirieron cambios, pero no se atendieron, estuvo la Asociación de Constructores de Puerto Rico (ACPR). La comisión recomendó la aprobación del P. de la C. 359 sin enmiendas.  

Repasamos las enmiendas propuestas a la medida, lo que dijeron las entidades que la respaldan y qué hace el P. de la C. 359.  

Constructores piden cambios para mejorar los incentivos  

Contexto: La Ley 182-2024 enmendó el Código de Incentivos (Ley 60-2019) para incluir una serie de incentivos para la construcción de vivienda asequible en los cascos urbanos. Sin embargo, la ley no ha podido entrar en vigor porque la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) señaló que “viola el plan fiscal” y que los incentivos resultarían en pérdidas de más de $14.5 millones para el gobierno. Ante esto, se presentó el P. de la C. 359, que propone cambios a la Ley 182-2024 e impulsaría que los incentivos, finalmente, entren en vigor.  

Lo que está pasando: La ACPR fue una de las entidades que apoyó la aprobación del P. de la C. 359, según el informe de la medida, por entender que estos incentivos son necesarios en un escenario de escasez de vivienda en Puerto Rico. Sin embargo, solicitó una serie de enmiendas al proyecto para que resulte más abarcador.  

Estas son las enmiendas recomendadas:  

1. Piden que se incluyan los solares baldíos a la propiedad elegible. Actualmente, se incluyen propiedades en estado de abandono o declaradas estorbo público dentro de las que pueden recibir el incentivo. Según el presidente de la ACPR, Agustín Rojo, esto “resulta demasiado limitado”, ya que hay solares baldíos que están en cascos urbanos que “están vacantes, a veces usándose como estacionamientos improvisados o no, que deben tener el beneficio de ser reconstruidos y densificados”. 

2. Solicitan reducir la discreción del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) en la otorgación de los incentivos y ponerles un tope: Actualmente, el secretario del DDEC tiene discreción para darle prioridad a ciertos proyectos de vivienda asequible, lo cual, a juicio de la ACPR, “puede tener el riesgo de ser aplicado con alguna arbitrariedad o de forma indebidamente selectiva”. Por eso, piden que se otorguen de acuerdo con unos requisitos específicos y por orden de solicitudes, “a base de un tope de créditos disponibles”.  

3. Piden que los inversionistas extranjeros de la Ley 60 (antes Ley 20-22) puedan solicitar estos incentivos: El P. de la C. 359 propone que estos inversionistas extranjeros no pueden solicitar los incentivos de vivienda propuestos para cumplir con el requisito de vivienda para exenciones contributivas. La ACPR pide que no se excluya a estos inversionistas extranjeros, ya que esto “podría levantar cuestionamientos constitucionales” y también “resulta contraproducente” con la ley, que quiere promover la construcción de vivienda asequible. Según Rojo, son estos inversionistas quienes tienen “alta capacidad de pago y exigencias de calidad”, por lo que excluirlos podría encarecer el financiamiento y reducir “la velocidad de absorción del inventario”.  

4. Piden límite de tiempo al tope de alquiler: El P. de la C. 359 propone un tope de alquiler máximo de $5,000 mensuales por cada unidad de vivienda. La ACPR pide que ese tope solo sea “durante los primeros 3 años y que luego permita ajustes, ya que es natural que con el transcurso del tiempo los cánones aumenten”.   

5. Solicitan extensión del periodo de radicación: Actualmente, las solicitudes de estos incentivos están disponibles hasta el 31 de diciembre de este año. El P. de la C. 359 extendería ese término seis meses, hasta el 30 de junio de 2026. La ACPR piden un periodo de radicación de “al menos dos años”, ya que todavía la Ley 182-2024, que propone estos incentivos, no ha podido ser implementada.  

6. Recomiendan pedir el aval de la Junta de Supervisión Fiscal: Este ente es el que tiene detenida la implementación de la Ley 182-2024, por lo que su aval es fundamental para la entrada en vigor de los incentivos de vivienda.  

7. Piden considerar los altos costos de construcción en centros urbanos: El uso de grúas, el límite de tiempo para hacer ruidos y el límite de espacio son solo algunos de los retos de los constructores a la hora de edificar en centros urbanos. Por eso, la ACPR pide considerar los “retos regulatorios y económicos sustanciales, que hacen que sean sumamente costoso construir allí”.   

8. Recomiendan incentivos para la construcción en zonas rurales o suburbios: La ACPR se hizo disponible para explorar esta posibilidad ante los retos demográficos y “las circunstancias del mercado actual”.

Sugieren aprobación del P. de la C. 359 sin enmiendas  

A pesar de los cambios sugeridos por la ACPR, la Comisión de Vivienda de la Cámara recomendó la aprobación del P. de la C. 359 “sin enmiendas”, enfatizando el que es “incuestionable el problema de acceso a viviendas asequibles por el que está atravesando Puerto Rico”.  

El informe fue firmado por la presidenta de la Comisión, la representante Omayra Martínez, quien también es coautora de la medida.

Entre las entidades que respaldaron el proyecto, están:  

• Departamento de la Vivienda (DV) 

• Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) 

• Asociación de Alcaldes  

• Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico  

• Asociación de Constructores de Puerto Rico (ACPR) 

Para el Departamento de Vivienda, estos incentivos ayudan a que haya más inventario de vivienda disponible para los beneficiarios de varios programas de vivienda asequible que manejan, entre ellos: el Programa de Reparación, Reconstrucción o Reubicación (Programa R3), el Programa de Mitigación para Viviendas Unifamiliares (Programa SFM) y el Programa de Asistencia Directa al Comprador (Programa HBA).  

Aunque la agencia no tiene injerencia en este tipo de incentivos, destacó que es positivo que el P. de la C. 359 establezca “un trato preferencial para los desarrollos de viviendas de interés social al momento de evaluar solicitudes para la concesión de decretos”.  

De otro lado, el CRIM sostuvo que, aunque los incentivos podrían redundar en “la reducción de los ingresos municipales”, no otorgarlos “provoca en los municipios un problema social mayor”. Por eso, respaldaron la aprobación del proyecto, ya que “persigue un fin público a favor de los municipios: la reconstrucción de los cascos urbanos y el desarrollo comercial”.   

¿Qué hace el P. de la C. 359?

El P. de la C. 359 busca “clarificar y atender aspectos técnicos del nuevo incentivo (en la Ley 182-2024) para garantizar su éxito”. Este es un resumen de los cambios más significativos.