Veto a medida de incentivos de vivienda asequible en cascos urbanos
El Proyecto de la Cámara 359 fue aprobado en ambos cuerpos legislativos, pero la gobernadora no lo firmó, por lo que no se convirtió en ley.
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¿Qué está pasando? El Proyecto de la Cámara 359, que proponía una serie de incentivos para la construcción de vivienda asequible en los cascos urbanos, recibió un veto de bolsillo de la gobernadora Jenniffer González el 11 de agosto. El término “de bolsillo” se refiere a que la mandataria no tomó ninguna acción sobre la medida, lo cual la descalifica para convertirse en ley al concluirse el término de 30 días que tenía para evaluarla.
- El veto de bolsillo se da tres semanas después de que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) le solicitara en una carta a la gobernadora que no firmara el proyecto indicando que “no contiene un techo en los incentivos provistos a los desarrollos en los cascos urbanos” y tampoco cumple con las disposiciones del plan fiscal certificado.
- El estimado que proveyó la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) es que el impacto de la medida podía ser de $31.2 millones por año, dice la carta de la JSF.
¿Por qué es importante? El Proyecto de la Cámara 359 era una de varias medidas legislativas que buscaban atender la falta de disponibilidad de vivienda asequible en Puerto Rico, uno de los problemas del acceso a la vivienda. Los incentivos de este proyecto buscaban reducir el costo de construir en los cascos urbanos, donde es “tres o cuatro veces más caro” el desarrollo de vivienda, según el presidente de la Asociación de Constructores (ACPR), Agustín Rojo.
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¿Qué proponía el Proyecto de la Cámara 359?
La medida proponía cambios a la Ley 182-2024, que establecía los incentivos para la construcción de vivienda asequible en los cascos urbanos dentro de la Ley 60 (Código de Incentivos). La intención de los cambios era que los incentivos entraran en vigor y pasaran el cedazo de la JSF, que había dicho en ese entonces que la Ley 182-2024 “viola el plan fiscal” y que los incentivos resultarían en pérdidas de más de $14.5 millones para el gobierno.
- Estos incentivos, que incluyen exenciones del 50% en patentes municipales y de 75% en contribuciones sobre inmueble, estarían disponibles hasta diciembre de 2026 y las viviendas que se construyan deben venderse a un máximo de $750,000 y alquilarse a un máximo de $5,000 mensuales, entre otros.
- Los incentivos de esta ley se pagarán con fondos del gobierno, dijo el presidente cameral, Carlos “Johnny” Méndez, a El Nuevo Día.
Cambios en incentivos para vivienda
Comparativa entre Ley 182 de 2024 y Proyecto de la Cámara 359
Así se vio la medida en el Senado
El Senado evaluó el proyecto tras recibir ponencias de la Asociación de Alcaldes, el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), el Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico, el Departamento de la Vivienda y la Asociación de Constructores de Puerto Rico (ACPR). Esta última presentó una serie de enmiendas que también había sugerido en Cámara.
En la Cámara, la medida se aprobó con enmiendas en sala, es decir, mientras se discutía en la sesión legislativa. Los cambios son:
- Extender hasta el 31 de diciembre de 2026 la fecha de solicitudes: El P. de la C. 359 inicialmente proponía que se extendiera la fecha al 30 de junio de 2026. En la actualidad, los incentivos pueden ser solicitados hasta el 31 de diciembre de 2025, pero nadie ha podido solicitarlos porque la ley no ha entrado en vigor. Esta fue una de las recomendaciones de la ACPR.
- Eliminan discreción del secretario del DDEC en proyectos iniciados antes de 2024: El otro cambio que se incluyó a la medida fue eliminar la discreción del secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) para otorgar los beneficios a proyectos de construcción que hayan iniciado antes del 1 de julio de 2024. Esto quiere decir que solo se considerarán proyectos iniciados luego de esa fecha.
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Gráfica creada con ayuda de Claude, basada en información proporcionada y verificada por Platea.
Incluyen una de las recomendaciones de la Asociación de Constructores
El P. de la C. 359 se aprobó luego de que la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Cámara emitiera un informe positivo sobre la medida redactado a partir de opiniones y sugerencias enviadas por diversas entidades. Entre ellas, estuvo la ACPR, grupo que apoyaba la medida, pero recomendaba cambios para que fuera más abarcador. Uno de esos cambios, el de extender la fecha de solicitudes, se incluyó en la discusión de la medida en la sesión.
Estas son todas las enmiendas recomendadas por la ACPR:
- Piden que se incluyan los solares baldíos a la propiedad elegible. Actualmente, se incluyen propiedades en estado de abandono o declaradas estorbo público dentro de las que pueden recibir el incentivo. Según el presidente de la ACPR, Agustín Rojo, esto “resulta demasiado limitado”, ya que hay solares baldíos que están en cascos urbanos que “están vacantes, a veces usándose como estacionamientos improvisados o no, que deben tener el beneficio de ser reconstruidos y densificados”.
- Solicitan reducir la discreción del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) en el otorgamiento de los incentivos y ponerles un tope: Actualmente, el secretario del DDEC tiene discreción para darle prioridad a ciertos proyectos de vivienda asequible, lo cual, a juicio de la ACPR, “puede tener el riesgo de ser aplicado con alguna arbitrariedad o de forma indebidamente selectiva”. Por eso, piden que se otorguen de acuerdo con unos requisitos específicos y por orden de solicitudes, “a base de un tope de créditos disponibles”.
- Piden que los inversionistas extranjeros de la Ley 60 (antes Ley 20-22) puedan solicitar estos incentivos: El P. de la C. 359 propone que estos inversionistas extranjeros no pueden solicitar los incentivos de vivienda propuestos para cumplir con el requisito de vivienda para exenciones contributivas. La ACPR pide que no se excluya a estos inversionistas extranjeros, ya que esto “podría levantar cuestionamientos constitucionales” y también “resulta contraproducente” con la ley, que quiere promover la construcción de vivienda asequible. Según Rojo, son estos inversionistas quienes tienen “alta capacidad de pago y exigencias de calidad”, por lo que excluirlos podría encarecer el financiamiento y reducir “la velocidad de absorción del inventario”.
- Piden límite de tiempo al tope de alquiler: El P. de la C. 359 propone un tope de alquiler máximo de $5,000 mensuales por cada unidad de vivienda. La ACPR pide que ese tope solo sea “durante los primeros 3 años y que luego permita ajustes, ya que es natural que con el transcurso del tiempo los cánones aumenten”.
- Solicitan extensión del periodo de radicación: Actualmente, las solicitudes de estos incentivos están disponibles hasta el 31 de diciembre de este año. El P. de la C. 359 extendería ese término seis meses, hasta el 30 de junio de 2026. La ACPR piden un periodo de radicación de “al menos dos años”, ya que todavía la Ley 182-2024, que propone estos incentivos, no ha podido ser implementada.
- Recomiendan pedir el aval de la Junta de Supervisión Fiscal: Este ente es el que tiene detenida la implementación de la Ley 182-2024, por lo que su aval es fundamental para la entrada en vigor de los incentivos de vivienda.
- Piden considerar los altos costos de construcción en centros urbanos: El uso de grúas, el límite de tiempo para hacer ruidos y el límite de espacio son solo algunos de los retos de los constructores a la hora de edificar en centros urbanos. Por eso, la ACPR pide considerar los “retos regulatorios y económicos sustanciales, que hacen que sean sumamente costoso construir allí”.
- Recomiendan incentivos para la construcción en zonas rurales o suburbios: La ACPR se hizo disponible para explorar esta posibilidad ante los retos demográficos y “las circunstancias del mercado actual”.
Sugieren aprobación del P. de la C. 359 sin enmiendas
A pesar de los cambios sugeridos por la ACPR, la Comisión de Vivienda de la Cámara recomendó la aprobación del P. de la C. 359 “sin enmiendas”, enfatizando el que es “incuestionable el problema de acceso a viviendas asequibles por el que está atravesando Puerto Rico”.
El informe fue firmado por la presidenta de la Comisión, la representante Omayra Martínez, quien también es coautora de la medida.
Entre las entidades que respaldaron el proyecto, están:
- Departamento de la Vivienda (DV)
- Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM)
- Asociación de Alcaldes
- Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico
- Asociación de Constructores de Puerto Rico (ACPR)
Para el Departamento de Vivienda, estos incentivos ayudan a que haya más inventario de vivienda disponible para los beneficiarios de varios programas de vivienda asequible que manejan, entre ellos: el Programa de Reparación, Reconstrucción o Reubicación (Programa R3), el Programa de Mitigación para Viviendas Unifamiliares (Programa SFM) y el Programa de Asistencia Directa al Comprador (Programa HBA).
Aunque la agencia no tiene injerencia en este tipo de incentivos, destacó que es positivo que el P. de la C. 359 establezca “un trato preferencial para los desarrollos de viviendas de interés social al momento de evaluar solicitudes para la concesión de decretos”.
De otro lado, el CRIM sostuvo que, aunque los incentivos podrían redundar en “la reducción de los ingresos municipales”, no otorgarlos “provoca en los municipios un problema social mayor”. Por eso, respaldaron la aprobación del proyecto, ya que “persigue un fin público a favor de los municipios: la reconstrucción de los cascos urbanos y el desarrollo comercial”.
