Cómo los cambios propuestos a FEMA afectarían la respuesta a desastres en Puerto Rico

Te explicamos lo que ha propuesto la administración de Donald Trump sobre la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias y su posible impacto en Puerto Rico.

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¿Qué está sucediendo? La temporada de huracanes ya comenzó, y Puerto Rico se enfrenta a una nueva ola de incertidumbre ante posibles cambios en la agencia federal responsable del manejo de emergencias desde que el presidente Donald Trump tomó las riendas del gobierno federal en enero.

• El presidente Donald Trump y la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, han detallado sus planes para eliminar FEMA “tal como existe hoy” y reducir la cantidad de fondos federales que reciben los estados y territorios afectados por desastres, una decisión que impactaría directamente a Puerto Rico.

En su visita a Puerto Rico en marzo, Noem –cuyo departamento supervisa a FEMA– dijo que evaluará cómo el gobierno federal puede reducir algunos de los permisos y requisitos de la agencia «para asegurarnos de que las personas reciban la ayuda que necesitan y que les fue prometida«.

¿Por qué es importante? Los estados y Puerto Rico dependen en gran medida de FEMA tanto para la preparación como para la recuperación. Tras los huracanes Irma y María, y los terremotos de 2019 y 2020, FEMA otorgó más de $23 mil millones en fondos para recuperación. Desde el 2018, se han declarado 15 declaraciones de emergencia o desastre mayor en Puerto Rico por los terremotos en el sur de la isla, el huracán Fiona, la pandemia y otros incidentes.

• La declaración de desastre mayor más reciente fue en noviembre 27 de 2024 por daños de la tormenta Ernesto. En ese momento, se sumaron 26 municipios. La gobernadora Jenniffer González dijo en febrero de este año que la orden se extendió a 12 municipios más. FEMA no ha hecho una actualización de datos en su página web constatando la extensión.

Para entender qué significarían estos cambios ante un futuro desastre en Puerto Rico, entrevistamos a Ninotchka Rojas, directora del Resiliency Law Center en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico; Michael Prasad, presidente regional de la International Association of Emergency Managers; y Frances Colón, investigadora del equipo de Clima Internacional en The Center for American Progress.

¿Qué ha propuesto la administración de Trump? 

Trump ha dicho que quiere eliminar gradualmente FEMA después de esta temporada de huracanes y transferir la responsabilidad de respuesta y recuperación a los estados.

“Queremos dejar de depender de FEMA y llevarlo al nivel estatal”, dijo el presidente en mayo. “Un gobernador debería poder manejarlo y, francamente, si no pueden manejar las secuelas, entonces tal vez no deberían ser gobernadores”. La respuesta a los desastres ya es liderada a nivel local y gestionada por los estados, pero FEMA apoya coordinando recursos de agencias federales. Es decir, la agencia proporciona programas de asistencia directa para hogares y moviendo dinero a los estados para reparar infraestructura pública.

El presidente también propone que el gobierno federal distribuya menos ayuda para la recuperación tras desastres, y que los fondos provengan directamente de la oficina del presidente. Además, considera elevar los requisitos para que los estados puedan acceder a asistencia federal por desastres.

Zoom in. Para que un desastre sea oficialmente declarado, los daños deben superar una cantidad específica por persona en el estado o territorio afectado, conocido como el impacto per cápita (PCI). 

• Para el 2025, solo se considerarán desastres mayores aquellos con un PCI superior a $1.89. Aunque en algunos casos se toman en cuenta otros factores, este es el umbral mínimo. Este número se ajusta cada año. En 2017, por ejemplo, la figura era $1.43. 

Una vez que el presidente emite una declaración oficial de desastre, se activa el acceso al Fondo de Ayuda para Desastres de FEMA, que incluye:

• Asistencia individual, que se otorga directamente a personas afectadas (por ejemplo, ayuda para vivienda temporal o desempleo).

• Asistencia pública, que se otorga a gobiernos estatales, locales, tribales o territoriales para labores como remoción de escombros o reparación de infraestructura. (Los cambios que la administración de Trump considera FEMA afectarían principalmente esta última categoría.)

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La administración de Trump propone aumentar el PCI de $1.89, su nivel actual, a $7,56, lo que concentraría los fondos federales en desastres a gran escala y eliminaría las declaraciones de desastres de menor escala. 

En Puerto Rico, por ejemplo, sería mucho más difícil cualificar para recibir fondos tras una tormenta, una inundación, un terremoto u otro desastre, ya que el gobierno federal elevará el umbral que define qué cuenta como desastre y qué no.

La administración también ha creado el nuevo Consejo de Revisión de FEMA, presidido por Noem y el secretario de Defensa Pete Hegseth. Se espera que este consejo recomiende en los próximos meses una reducción drástica de la agencia y una reforma exorbitante de sus operaciones.

Los propuestos cambios ocurren en momentos que FEMA ha perdido más de 20% de su personal de tiempo completo debido a despidos y retiros incentivados bajo el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE). Una revisión interna de FEMA, obtenida por CNN, advierte: “A medida que FEMA se transforma para operar con una presencia más reducida, la intención para esta temporada de huracanes no está claramente definida. Por lo tanto, FEMA no está preparada.”

¿Cómo esto podría afectar a Puerto Rico? 

FEMA ha sido blanco de señalamientos, contribuyendo al dicho común de “solo el pueblo salva al pueblo”.

• Un informe reveló que más de $11 mil millones de esos fondos seguían pendientes de aprobación por parte de FEMA antes de poder ser utilizados por el gobierno puertorriqueño.

• Otro estudio reveló que, tras el huracán María en 2017, Puerto Rico recibió significativamente menos fondos que Texas y Florida, que también sufrieron huracanes ese año.

Además, el gobierno federal detectó una mala administración de aproximadamente $257 millones en fondos asignados a la isla.

Aún así, la agencia representa una fuente masiva de fondos y personal que hasta ahora han depositado sus esfuerzos en restaurar proyectos como el estadio de pelota Pedro Montañez en Cayey, el museo de Arte e Historia María Cecilia Franceschi en Yauco, el Edificio de los Veteranos en Las Piedras y reparaciones a nivel isla después de María.

“Ahora que hemos reducido la capacidad y se han tomado decisiones para recortar esa capacidad, desde la experiencia hasta los programas, la financiación y los recursos, creo que Puerto Rico y muchos otros lugares a lo largo de la costa están en alto riesgo, y me preocupa la seguridad de las personas en esos lugares,” dijo a Platea Frances Colón, una investigadora del equipo de Clima Internacional en The Center for American Progress. “En el caso de Puerto Rico, dada la evidencia que ya tenemos de cómo responde la administración Trump ante un desastre natural de gran magnitud, creo que estamos en una posición más precaria que nunca.”

• La propuesta de Trump de trasladar la responsabilidad a cada estado podría ser especialmente problemática en lugares con capacidades limitadas para manejar desastres

“El que se deje en manos del gobierno, pudiéramos estar ante la repetición de una mala administración de fondos asignados para los procesos adecuados,” añadió Rojas.  

Michael Prasad, presidente regional de la International Association of Emergency Managers (que supervisa a Puerto Rico y colabora con FEMA), también expresó preocupación por las debilidades estructurales de la isla.

“FEMA no puede solucionar LUMA”, dijo Prasad a Platea, refiriéndose a la empresa que opera el sistema de transmisión y distribución de energía en la isla.

También señaló que persisten problemas con el sistema de agua potable y las telecomunicaciones.

• Prasad planteó inquietudes sobre la capacidad de Puerto Rico para autofinanciar los servicios de emergencia. A diferencia de los estados más adinerados, carece de una base de impuestos sólida. “¿Podrían sostenerlo?”, se pregunta. «Es muy diferente a otros estados donde podría haber una gran área de riqueza que pueda financiar los impuestos necesarios».
  
• Además, las subvenciones federales para preparación y mitigación –que financian infraestructura crítica y entrenamiento–  podrían estar en riesgo.

“Él [Trump] podría cambiar de opinión mañana”, dijo Prasad. La pérdida de estas subvenciones sería significativa, ya que “un dólar de preparación ahorra entre 6 y 15 dólares en respuesta”, según la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres. Estas subvenciones permiten, entre otras cosas, la construcción de refugios y el fortalecimiento de las capacidades municipales.

Mirada hacia el futuro 

Para Rojas, con o sin el desmantelamiento de FEMA, es fundamental incorporar las voces de quienes viven los efectos de los desastres en Puerto Rico.

“Insertar a líderes comunitarios y organizaciones de base en los procesos que realmente los afectan estarían entre las primeras alternativas,” apuntó Rojas.

“El gobierno no necesariamente vive, conoce y sabe la realidad que hay en las comunidades. No están ahí. El escuchar cuáles son las recomendaciones y cuáles históricamente han sido los tropiezos que ellos han vivido brindaría una apertura a que otras personas puedan apoyar y brindar un espacio viable de recuperación y reconstrucción.”

Foto de portada: Vista de un poste de electricidad derribado el 20 de septiembre de 2022 en Cabo Rojo, tras el huracán Fiona. (Foto de Jose Jimenez/Getty Images)