Sistema de permisos en Puerto Rico: 17 recomendaciones para reformarlo

El informe final del Grupo de Trabajo propone un nuevo Código de Permisos, cambios en OGPe, zonificación simplificada y procesos más ágiles.

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¿Qué está pasando? El Grupo de Trabajo para la Simplificación del Sistema de Permisos de Puerto Rico presentó en diciembre su informe final en el que plantean un diagnóstico sobre las razones por las que el sistema de permisos actual es ineficiente y 17 recomendaciones para reformarlo.  

• Entre las recomendaciones está la creación de un nuevo Código de Permisos que consolide las más de 40 leyes sobre permisos en Puerto Rico y que elimine las redundancias, así como la revisión del Plan de Uso de Terrenos, la adopción de un Reglamento Conjunto de Permisos y cambios en la zonificación y permisos ambientales.
• También presentan una serie de medidas a corto plazo para encaminar los cambios en el sistema.  

¿Por qué es importante? Los tropiezos con el sistema de permisos son una de las principales críticas de diversos sectores a la hora de construir o desarrollar negocios en Puerto Rico, razón principal por la cual se creo el Grupo de Trabajo mediante la Orden Ejecutiva 2025-002, en la que se señala que el proceso para obtener permisos es “sumamente lento, oneroso e ineficiente”.  

¿Qué pasa ahora? A partir de las recomendaciones, se espera que la gobernadora presente uno o varios proyectos de ley para formalizar su reforma de permisos, la cual inició con 13 mejoras dentro de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGPe) en julio.

17 recomendaciones clave para la reforma de permisos 

De cara a reformar el sistema de permisos, el Grupo de Trabajo clasificó sus recomendaciones en 17 temas.  

1. Reenfoque filosófico: El sistema de permisos debe contar con un “marco regulatorio simplificado y coherente”, que facilite el desarrollo económico y provea mecanismos de fiscalización efectivos. 

2. Creación del Código de Permisos de Puerto Rico: Consolidaría en un solo cuerpo normativo las 45 leyes que actualmente delegan funciones de otorgación de permisos a distintas agencias. Se integrarían todos los procesos en el Sistema Unificado de Información o Single Business Portal (SBP). 

3. Culminación del Proyecto del Reglamento Conjunto: Este integraría todos los instrumentos normativos (más de 40 en la actualidad) en un documento único, estandarizando criterios de evaluación, documentos e información requeridos, así como las definiciones, procedimientos interagenciales y resolución de conflictos. También consolidaría distritos de zonificación y permitiría las autocertificaciones. Actualmente, el gobierno utiliza un Reglamento Conjunto de emergencia, ya que el Tribunal Supremo declaró nulos los últimos tres documentos aprobados (2019, 2020 y 2023).

4. Integración adecuada de participantes del sistema de permisos: Se daría mayores poderes y participación a los inspectores autorizados (IA) y los profesionales autorizados (PA), creados mediante la última reforma de permisos (Ley 161-2009), pero cuya implementación ha sido limitada. Se les permitiría emitir ciertos permisos sin la intervención del Estado, aunque con la realización de auditorías.  

5. Profesionales Autorizados con mayor alcance: En los casos en que se requiera algún cotejo técnico, se asignaría automáticamente un Profesional Autorizado desde un registro de PA activos para la evaluación y adjudicación de permisos. Esto liberaría a la OGPe para concentrarse en casos complejos sin alterar criterios sustantivos ni facultades regulatorias. 

6. Zonificación simplificada: Mediante equivalencias de distritos, se ampliarían los usos permitidos de los terrenos para fomentar el desarrollo económico.  

7. Ampliación de Usos Permitidos en Distritos de Calificación: Mediante enmiendas al Reglamento Conjunto, se propone redefinir los distritos de calificación para ampliar los usos permitidos. Esto podría aumentar los permisos aprobados automáticamente del 29% actual al 67%.  

8. Permitir y fomentar la autocertificación de permisos: Esto sería en los casos que no requieran conocimiento técnico especializado, particularmente en Permisos Únicos. Se harían con protocolos de fiscalización como auditorías aleatorias y sanciones por incumplimiento. 

9. Transformación del proceso para obtener el Permiso de Construcción Consolidado (PCOC): El nuevo flujo consolidaría todos los trámites bajo 13 parámetros específicos en lugar de procesos fragmentados, eliminando la necesidad de presentar varias veces solicitudes para la misma agencia. Esto reduciría el tiempo para emitir permisos de meses a siete días, y los dejaría en manos de ingenieros y arquitectos licenciados.  

10. Simplificación del Proceso de Cumplimiento Ambiental: Proponen una actualización de las exclusiones categóricas en el DRNA para que más proyectos sin impacto ambiental significativo obtengan determinación en dos a 10 días versus los 234 días que promedia el proceso completo. También recomiendan revisar los criterios de la Recomendación de Evaluación Ambiental (REA), la Determinación de Evaluación Ambiental (DEA) y la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), y eliminar el concepto de “agencia proponente”, para que sean los solicitantes los proponentes, excepto en los casos en los que apliquen regulaciones federales.  

11. Optimización del Permiso Único Incidental (PUI): Estos son los permisos de corta y poda de árboles, movimiento de terrenos y otros aspectos relacionados a una obra que podrían tener un impacto ambiental o técnico, aunque no formen parte del proyecto. La propuesta es permitir que los PA expidan los PUI con los permisos de construcción, entre otros.  

12. Fortalecimiento de las capacidades de fiscalización con nueva oficina: Crearían la Oficina de Atención y Resolución de Querellas para evaluar uniformemente todas las querellas que actualmente atienden varias agencias por separado. También se crearía la figura del Inspector Autorizado de Fiscalización (IAF) para investigar las querellas, y requerirían que el Inspector de Obras del proyecto intervenga inmediatamente en cualquier reclamo, resolviendo muchas quejas en días antes de escalar a procesos formales. 

13. Actualización del Plan de Uso de Terrenos (PUT): Se actualizaría con visión a 10 años y mecanismos procesales claros para ajustes dinámicos y periódicos cuando las clasificaciones generen privación regulatoria. También recomiendan simplificar y eliminar ciertas clasificaciones de suelos para agilizar permisos y reclasificar terrenos para nuevos usos.  

14. Transformar y fortalecer la OGPe: Recomiendan identificar fondos para contratar profesionales especializados, revisar escalas salariales y de competitividad, hacer readiestramientos y transformar la organización dentro de la agencia.  

15. Creación de la Oficina de Revisiones Administrativas como oficina independiente con mayores poderes: Estaría adscrita a la JP, contrario a la división de revisiones administrativas que actualmente está bajo la OGPe. Tendría jueces administrativos que podrían evaluar de novo (sin tener en cuenta decisiones previas) los casos y sin tener que devolverlos a la OGPe o los municipios para la adjudicación final. 

16. Modernización Integral del Single Business Portal (SBP): Integración completa de todas las agencias y municipios eliminando plataformas paralelas, con tecnología avanzada como sistemas geográficos para validar automáticamente criterios espaciales, inteligencia artificial para análisis predictivo y conexión en tiempo real entre agencias. También sugieren la posibilidad de integrar el uso de sistemas de información geográfica (GIS) para validar zonificación e impacto ambiental.  

17. Ideas adicionales para promover agilidad y transparencia:  

• Procedimientos expeditos para trámites de menor complejidad.  
• Realizar reuniones informales obligatorias antes de denegar ciertos trámites para discutir el caso y evaluar alternativas.  
• En procesos discrecionales que suele haber vistas públicas: realizar conferencias previas para delimitar controversias; promover la presentación de testimonios por escrito; contar con peritos neutrales designados por la agencia para un análisis imparcial.  
• Eliminar requerimientos innecesarios como certificaciones de deuda con otras agencias.  
• Notificaciones electrónicas ante cambios de clasificación o calificación en el CRIM.  
• Revisar las disposiciones del Plan y Reglamento del Área de Planificación Especial del Carso (PRAPEC) para atemperarlas a las leyes actuales.  
• Permitirse inspecciones virtuales en lo posible.  
• Simplificación de requisitos de legitimación activa para la presentación de solicitudes.  
• Establecer término de tiempos obligatorios para el cumplimiento con ciertos términos en cada etapa.