9 municipios apuestan por bancos de tierras comunitarias para crear vivienda
¿Qué está pasando? Entre las diversas formas para lidiar con los estorbos públicos, hay una que impulsa el Centro para la Reconstrucción del Hábitat (CRH) y que va tomando forma en nueve municipios: la creación de Bancos de Tierras Comunitarias para adquirir y rehabilitar propiedades y fomentar la vivienda asequible.
- Se trata de los pueblos de Isabela, Yauco, Toa Baja, Guánica, Adjuntas, Utuado, Naguabo, Hormigueros y Vega Baja, que ya tienen ordenanzas municipales para crear bancos de tierras a nivel municipal, aunque solo los dos últimos están activamente rehabilitando propiedades.
¿Por qué es importante? En momentos en que el CRH estima que existen más de 150,000 estorbos públicos en Puerto Rico y ante una escasez de vivienda, este modelo permite mayor flexibilidad en el manejo de estorbos públicos, poniendo como prioridad las necesidades comunitarias y el acceso a un techo, explicó a Platea el director ejecutivo del CRH, Luis Gallardo.
- “El municipio podrá transferir propiedades al banco de tierras para custodiar, rehabilitar, alquilar o para vender. Es una herramienta muy flexible que también se ajusta de acuerdo con las necesidades de esa comunidad y que tiene mucha más flexibilidad que un municipio al momento de diseñar un programa de manejo de estorbo público, o sea, de disposición de estorbos”, destacó Gallardo.
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Bancos de tierras activos: Hormigueros y Vega Baja
Según Gallardo, los bancos de tierras comunitarios de “Vega Baja y Hormigueros están rehabilitando activamente” propiedades declaradas estorbo público para convertirlas en viviendas. Sin embargo, todavía no han puesto a la venta estas propiedades para el beneficio de sus comunidades, algo que podría anunciarse tan pronto como este año.
Los otros siete pueblos (Isabela, Yauco, Toa Baja, Guánica, Adjuntas, Utuado y Naguabo) tienen ordenanzas municipales con las cuales crearon los bancos de tierras, aunque todavía no tengan propiedades.
De otro lado, Ponce, por ejemplo, tiene una ordenanza municipal que permite la creación de bancos de tierras, pero, por el momento, se trata de un mecanismo que no utilizarán, ya que rehabilitarán estorbos públicos a través del municipio, dijo a Platea el director ejecutivo del Departamento de Vivienda y Desarrollo Socioeconómico del Municipio de Ponce, Job Bonilla Rosa.
¿Qué son los Bancos de Tierras Comunitarias?
Los Bancos de Tierras Comunitarias o “Community Land Banks” son corporaciones municipales sin fines de lucro “cuyo propósito es la adquisición y rehabilitación de propiedades abandonadas, vacantes o en ruinas para restaurarlas a su uso productivo”, explica el CRH.
En Puerto Rico, su creación es posible gracias a la legislación del nuevo Código Municipal (Ley 107-2020). Cada municipio, por ordenanza, puede crear sus propias reglas para el manejo de estorbos públicos, según sus necesidades, incluida la creación de bancos de tierras.
Origen. Este modelo nació en la década de 1970 en Estados Unidos como una nueva herramienta para lidiar con las propiedades vacantes, abandonadas y deterioradas (conocidas como VAD), teniendo en cuenta las necesidades de cada comunidad y la vivienda asequible, según el Center for Community Progress (CCP), una entidad sin fines de lucro dedicada a revitalizar propiedades vacantes.
- Ciudades como St. Louis, Louisville, Atlanta, Cleveland y Flint crearon bancos de tierras para contrarrestar la pérdida significativa de población por la salida de bancos, merma industrial, deterioro del mercado inmobiliario y la crisis de ejecuciones hipotecarias.
Actualmente, Estados Unidos cuenta con más de 300 bancos de tierras y programas de bancos de tierras, y 18 estados —además de Puerto Rico— tienen legislación que permite crearlos, según el CCP.
¿Cómo funcionan los bancos de tierras comunitarias?
Los bancos de tierras comunitarias operan como organizaciones sin fines de lucro separadas del municipio, con una junta directiva compuesta por diversos sectores, incluidos líderes y residentes comunitarios de las comunidades, explicó Gallardo.
Esto significa que “califican para diferentes subvenciones, podrán recibir donativos y las actividades que realizan son exentas de contribuciones”, abundó.
La mayoría forma parte de la National Land Bank Network (NLBN), creada por el CCP, una red que agrupa los bancos de tierras de todo Estados Unidos, incluido Puerto Rico.
En momentos en que muchos municipios enfrentan limitaciones económicas, este modelo permite recibir financiamiento del sector privado y del tercer sector, algo que de otro modo no sería posible.
Hormigueros y Vega Baja, por ejemplo, ”lograron una línea de crédito a través de fundaciones privadas”, lo cual provee el capital para arreglar las casas que luego se venderán a familias de bajos y medianos recursos.
“Ninguna fundación va a dar dinero a un municipio, pero una entidad comunitaria como un banco de tierras tiene mayor posibilidad y es una de las muchas herramientas que existen”, destacó el director del CRH.
Transferencia de propiedades. Una vez creado, los municipios pueden transferir propiedades al banco de tierras para su rehabilitación y uso, dependiendo de las necesidades comunitarias. Cada banco de tierras decide cuál es la mejor estrategia para rehabilitar, vender, alquilar o custodiar sus propiedades.
Según Gallardo, los nueve pueblos con bancos de tierras buscan:
- Rehabilitar los estorbos públicos para beneficio de la comunidad.
- Proveer una alternativa de vivienda asequible a familias de ingresos bajos y medianos.
- Proveer alternativas de vivienda a quienes poseen vouchers del programa de vivienda federal Sección 8 y del Programa R3 (reconstrucción, reparación o reubicación) para quienes sufrieron daños en los huracanes, ya que no hay muchas viviendas para estos casos.
La labor del Centro para la Reconstrucción del Hábitat (CRH)
El CRH es una organización sin fines de lucro cuya misión principal es detener el problema de propiedades deterioradas y abandonadas en Puerto Rico, promoviendo la transformación de los estorbos públicos en activos de desarrollo comunitario y vivienda asequible.
Ofrecen asistencia técnica a comunidades y gobiernos locales realizando inventarios de viviendas que podrían declararse estorbo público, recomendaciones de política pública para su manejo, orientación en procesos y marcos legales para atender estos asuntos, entre otros.
“Estamos colaborando con 22 municipios que tienen interés en: primero, eliminar los riesgos que se asocian a los estorbos públicos y, segundo, cuando estamos hablando de esas propiedades cuyos dueños no existen o no comparecen, o no tienen interés, buscar formas de adaptar esas propiedades a algún nuevo uso productivo, preferiblemente vivienda asequible”, dijo Gallardo.
Necesidad de vivienda en Puerto Rico. “La necesidad de vivienda es bastante diversa (desde) las personas que están durmiendo en la calle hasta las personas que son millonarias y no consiguen casa dentro de su rango”, explicó el experto.
- Sin embargo, Gallardo señaló que, en los últimos años, han visto “una explosión de necesidad particularmente dentro del rango de las familias trabajadoras y de clase media”. Esto son personas a las que se les aprobaría un préstamo, pero no consiguen casa en el rango de $150,000-$200,000. “No hay casas dentro de ese rango, es casi imposible”.
- Otra necesidad particular son las personas con vouchers de Sección 8 y del Programa R3.
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